Los supervisores describieron a los empleados contratados como trabajadores en primera línea durante los brotes de enfermedades infecciosas y otras emergencias, y lo calificaron de cruel ironía de que trabajan en instalaciones médicas pero no pueden acceder a sus servicios.

“Estos son los mismos trabajadores que arriesgaron su vida viniendo a trabajar a nuestros hospitales en el punto álgido de la pandemia (COVID-19) cuando todos los demás se quedaban en casa”, dijo la supervisora ​​del cuarto distrito y presidenta de la junta, Janice Hahn, durante una manifestación el martes frente al Sala de Administración con miembros de SEIU United Service Workers West (USWW).

“Pero algunos de estos trabajadores ni siquiera pueden permitirse ir al médico porque sus empleadores no les brindan el seguro de salud que necesitan. Eso no está bien”, agregó Hahn.

Los trabajadores les dijeron a los supervisores que no pueden pagar un seguro de salud privado, ni siquiera un seguro Obamacare federal, por lo que se quedan sin él. En su lugar, utilizan las instalaciones de emergencia y atención de urgencia del condado.

María Blanco ha sido conserje en el Centro Médico LAC+USC durante 14 años, pero no tiene un seguro que la ayude a lidiar con su diabetes. Ella ayuda a mantener a sus padres ancianos y no puede pagar su propio seguro.

“El único recurso ahora es la sala de emergencias”, dijo a través de un traductor. “El año pasado, fui a la sala de emergencias tres veces, estaba gravemente enferma”. Dijo que durante la pandemia muchos de sus compañeros de trabajo contrajeron COVID y se enfermaron gravemente.

Anthony Thomas, un guardia de seguridad en el Centro Médico Harbor-UCLA, dijo que no puede pagar 212 dólares a la semana por un seguro. Dijo que hablaba en nombre de los 2,000 trabajadores de servicios hospitalarios contratados, a quienes describió como activos comprometidos con los servicios del condado.

“Hemos estado expuestos al COVID, el SIDA, la viruela del simio; quiero decir, hemos estado expuestos a todas estas cosas peligrosas, y corremos el riesgo de exponer eso a nuestros seres queridos en casa”, dijo Thomas durante el mitin.

Los cuatro hospitales de propiedad y operación del condado son LAC+USC, Harbor-UCLA, Olive View-UCLA Medical Center y Rancho Los Amigos National Rehabilitation Center.

La directora ejecutiva del condado de Los Ángeles, Fesia Davenport, junto con el Departamento de Servicios de Salud (DHS), desarrollarán e instituirán contratos con proveedores para incluir beneficios de atención médica para los empleados que trabajan 30 horas o más por semana. Los contratos estarán listos “tan pronto como sea posible”, pero a más tardar el 31 de diciembre, según la moción.

Davenport publicó un informe el 30 de junio de 2022 que no encontró barreras legales que se interpusieran en el camino para exigir las disposiciones. Los condados de San Diego, Santa Clara y San Francisco han adoptado políticas similares.

Se requiere que el condado de Los Ángeles busque servicios contratados como una alternativa a la contratación de empleados del condado y luego elija cuál es más barato. Un informe de la oficina de Davenport encontró que la subcontratación suele ser más barata, porque muchos contratistas no brindan beneficios de atención médica.

Muchos empleados de servicios provienen de comunidades de bajos ingresos y son personas de color, según el informe. “El condado no debería estar recortando costos a costa de estos trabajadores”, dijo Hahn.

Tanto Hahn como la supervisora ​​del primer distrito, Hilda Solís, dijeron que la acción era parte de un movimiento más amplio para satisfacer las necesidades de los trabajadores de servicios, señalando la reciente huelga encabezada por trabajadores de servicios en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles en busca de mejores salarios y atención médica.

Se desconocía el costo para el condado de contratar compañías que deben brindar beneficios de atención médica. Davenport dijo que el DHS estimó que el costo para el condado podría aumentar entre 6,3 millones y 10 millones de dólares para los trabajadores de servicios de limpieza y alimentos.

La supervisora ​​del segundo distrito, Holly Mitchell, que se describe a sí misma como una halcón del presupuesto, dijo que estaba preocupada por el voto de la junta sobre acciones cuyo costo se desconoce. “Quiero que como junta seamos claros sobre la cantidad de mandatos sin fondos que nos estamos imponiendo. Francamente, estoy nervioso”, dijo Mitchell.

Sin embargo, Mitchell se unió a otros miembros de la junta para votar por la moción, que fue aprobada por unanimidad. Ella dijo que la junta deberá tomar decisiones durante el tiempo del presupuesto, sobre esta y otras acciones que aumentan los costos.

El USWW dijo en un comunicado que la acción “corregirá una injusticia histórica al garantizar que los trabajadores esenciales del hospital puedan acceder a una atención médica asequible y de calidad”. Los miembros que abarrotaron el Salón de la Administración vitorearon la votación, sosteniendo carteles que decían: “La atención médica es un derecho humano”.