AMLO entregó el mando a Boric, quien, a su vez, la transfirió en una ceremonia realizada en la capital del país sureño. Fuentes remarcó que el fin de esta tensión significó “un triunfo para la diplomacia” y destacó que el objetivo de la alianza es “netamente económico y no político”.

El embajador resaltó que, desde 2014, cuando la Corte Internacional de Justicia emitió su dictamen por el contencioso marítimo, los vínculos bilaterales transitan “por un camino de normalidad y gran entendimiento”.

“En la actualidad, las relaciones de hermandad y cooperación mutua se ponen de manifiesto en el excelente vínculo que existe entre las Fuerzas Armadas, instituciones policiales y grupos parlamentarios, para trabajar en temas como seguridad ciudadana y el impulso al turismo”, siguió.

Se trata del segundo viaje al exterior desde que asumió el cargo, puesto que ya viajó a Brasil para asistir a la Cumbre Amazónica a principios de agosto pasado. Perú no cuenta con vicepresidentes desde que la mandataria juró en diciembre de 2022, tras la destitución de su predecesor Pedro Castillo. Para permitir que viaje al exterior, en junio pasado se aprobó la Ley 31810, que la autoriza a gobernar de manera remota.

En vísperas de su viaje a Estados Unidos, las embajadas del país norteamericano, Francia, Finlandia, México, Reino Unido, Argentina, Australia y Canadá en Perú emitieron un comunicado conjunto para defender la separación de poderes y la independencia de las instituciones.

En la última semana en la política peruana, la aprobación del Congreso de iniciar una investigación sumaria contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ha provocado pronunciamientos por parte del sistema de las Naciones Unidas de Perú, la Conferencia Episcopal y propios integrantes del Ejecutivo.

Esta investigación, de 14 días de plazo, tenía la intención de decidir si recomienda que los siete juristas sean destituidos. La moción inicial contra el organismo judicial fue presentada por la legisladora derechista Patricia Chirinos, que aseguró que la JNJ “se ha convertido en una herramienta política servil a intereses particulares, que ha incurrido en faltas graves cometiendo delitos e infracciones constitucionales”.

Sin embargo, el Noveno Juzgado Constitucional admitió a trámite una demanda de habeas corpus, presentada por los abogados Carlos Paredes y Moisés Chamorro, que estudiará si paraliza la investigación del Legislativo.

La demanda exige que se detengan todos los actos de los congresistas contra la JNJ por considerar que vulneran los derechos de la institución de manera arbitraria y actuando “de mala fe” para desarticular a la institución.