“Se abre el tiempo definitivo de los ciudadanos, que tendrán que decidir de qué manera este texto permitirá abordar los grandes temas de Chile (...) y deberán decidir si la propuesta nos une”, expresó Boric durante su discurso.

El nuevo articulado, impulsado por el conservadurismo neoliberal, fue aprobado la semana pasada en un clima de alta polarización y reflejó las divisiones que han marcado el recorrido de este segundo intento: A su favor votaron el ultraderechista Partido Republicano (22 de 50 escaños) y la derecha tradicional (11 escaños), y en contra, los 17 consejeros de la izquierda oficialista.

La presidenta del Consejo, la ultraderechista Beatriz Hevia, rebajó las tensiones entre sectores y dijo que el órgano cumplió el “mínimo indispensable”, que era –dijo– “olvidar el triste espectáculo de división y confrontación que dejó el proceso anterior”, que concluyó en septiembre de 2022 con un contundente rechazo del electorado a un proyecto escrito por una convención izquierdista.

Los defensores del texto argumentan que garantiza "libertad" y "seguridad" y da "certezas económicas y jurídicas" al país, mientras que sus críticos lo tachan de "partidista" y dicen que perpetúa el modelo neoliberal que instaló la Constitución actual, vigente desde la dictadura (1973-1990) y reformada decenas de veces en democracia.

Hasta ahora, las principales fuerzas del oficialismo como el Partido Comunista, la coalición de izquierda Frente Amplio, a la que pertenece Boric, y el Partido Socialista ya anunciaron su voto en contra. Para esta tarde se espera la decisión de la Democracia Cristiana.

Si la propuesta finalmente se rechaza en diciembre, seguirá vigente la actual Constitución, que ha sido reformada decenas de veces en democracia pero es cuestionada por su origen dictatorial. El Gobierno del presidente Gabriel Boric ya adelantó que no impulsará un tercer proceso.

“La izquierda saldrá derrotada nuevamente porque o valida y legitima la Constitución actual, o se queda con la redactada preferentemente por partidos de derecha”, señala el académico de la Universidad de Talca Mauricio Morales.

“El oficialismo no tiene salida”, añade en la misma sintonía la politóloga de la Universidad de Chile María Cristina Escudero.

Todas las encuestas vaticinan que la nueva propuesta tiene altas probabilidades de ser descartada en el referéndum del mes que viene. El último sondeo de Cadem, que semana a semana sigue la opinión ciudadana, reveló que el 35 por ciento votaría a favor y el 50 por ciento en contra.

"Los apoyos a la Constitución presentan una brecha de género, una brecha etaria y una brecha de ingresos”, subraya Morales, sobre los resultados de la última encuesta.

La académica Claudia Heiss, también de la Universidad de Chile, considera que “es difícil recortar en un mes” las distancias de 20 puntos que reflejan las encuestas, aunque “no imposible”, considerando que “el discurso populista de extrema derecha ha resultado bastante exitoso”, dice.

“Se están esgrimiendo temas de seguridad, de estabilidad económica que no necesariamente tienen que ver con la Constitución pero que son muy atractivos y también la idea de que esa es la única forma de cerrar la discusión constitucional, un debate del cual la gente en Chile está bastante cansada”, añade.

Ante la posibilidad evidente de un segundo fracaso, los expertos coinciden en que lo más probable es que las fuerzas políticas busquen acuerdos transversales para reformar la actual carta fundamental, aprovechando que en 2022 el Congreso rebajó los altos quórums para modificarla.