Además, se ha señalado que estas irregularidades podrían tener implicaciones legales, lo que agrava la situación y plantea serias consecuencias para los responsables de la gestión de dichos convenios. La Contraloría ha dejado en claro la gravedad de la situación y la necesidad de investigar a fondo para determinar responsabilidades y tomar las medidas correspondientes.

El gobierno, por su parte, ha respondido a estas acusaciones asegurando que colaborará plenamente con las investigaciones y que está comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, el impacto de estas revelaciones en la opinión pública y en la estabilidad del gobierno es evidente, y se espera que se tomen medidas concretas para esclarecer esta situación.

En resumen, los informes de la Contraloría de Chile sobre el caso de los convenios complican al gobierno de Boric, generando preocupación y cuestionamientos sobre la gestión de recursos públicos. La transparencia y la integridad en la administración de fondos son aspectos fundamentales que deben ser garantizados, y es crucial que se esclarezcan las irregularidades detectadas para restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales.