El presidente dijo que esta acción “da cuenta de que en Chile no hay instituciones por sobre la ley”. Y reiteró lo del caiga quien caiga que ha dicho en otras oportunidades a raíz de este caso, que dañó la promesa de probidad de la nueva generación de izquierda chilena. “Donde haya personas que hayan tratado beneficiarse de los recursos de todos los chilenos, en particular de los más necesitados, esas personas van a ser investigadas, perseguidas, condenadas. Por eso se realiza este allanamiento que –como dije– es a instancia de una denuncia que presentó el mismo ministro Montes”.

De acuerdo a Boric, “el Gobierno es el primer interesado de que este caso se resuelva con toda la transparencia que corresponde”. “Tenemos buenas noticias y, cuando tenemos noticias duras, hay que dar la cara y hacerse cargo de los problemas del país. Y en eso estamos”, dijo el mandatario. Lo dice en alusión a un asunto que ha pedido en las últimas semanas: que la opinión pública se concentre en las buenas noticias de Chile y no solo en asuntos negativos, como la crisis de delincuencia.

De acuerdo al medio Ex-Ante, sin embargo, el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, inició una investigación de oficio en agosto, antes que el ministerio realizara una denuncia, como dijo el presidente Boric y otros de sus ministros, durante la jornada.

Fueron 12 los funcionarios de la policía chilena y de la Fiscalía que han allanado este jueves las oficinas del ministerio en el marco de la investigación sobre traspasos de recursos públicos a fundaciones privadas, principalmente ligadas al oficialismo. El Caso Convenios reventó en junio a partir de las irregularidades detectadas en la fundación Democracia Viva, que involucraba a una diputada del Frente Amplio (Catalina Pérez), el que era su novio y un asesor cercano.

Desde entonces, sin embargo, han aparecido nuevas aristas en diferentes regiones del país. El allanamiento de hoy tiene relación a una hebra del caso Convenios investigada por la Fiscalía de Tarapacá, en la zona norte de Chile, “con el objeto de incautar todos los antecedentes físicos y digitales relacionados con las fundaciones En Red Social y Enlace Urbano”, informó el Ministerio Público.

La acción ha sido llevada adelante por la Brigada Anticorrupción de Policía de Investigaciones, PDI, en las dependencias centrales del ministerio, ubicadas en la principal avenida de Santiago, la Alameda. Aunque ha sucedido antes, en Chile no parece frecuente para la opinión pública que la policía allane oficinas de la primera línea de un Gobierno en el marco de investigaciones por corrupción. Montes, el ministro, es un dirigente histórico del Partido Socialista y en el marco del caso Convenios esta formación política lo ha intentado salvar en todos los momentos complejos, porque ha sido en este ministerio donde se ha centrado principalmente la trama. Mientras el oficialismo y el propio Montes defienden que no estaban al tanto de las irregularidades investigadas por la Fiscalía –que afectan sobre todo a la nueva generación de izquierda del Frente Amplio, la coalición de Boric–, la derecha opositora pide que asuma sus responsabilidades políticas.

En agosto pasado, por la fuerte presión en medio del caso Convenios, renunció al Gabinete el principal aliado político del presidente, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. La oposición presionó por su salida en calidad de líder de Revolución Democrática, el partido del Frente Amplio donde se concentra el caso de corrupción.

Es el contexto en que Boric ha salido a respaldar a su ministro. Lo mismo hizo poco antes la portavoz del Gobierno, la militante comunista Camila Vallejo, que junto al propio Montes ofreció una rueda de prensa en el ministerio. Vallejo dijo que el allanamiento fue fruto de una denuncia que el ministro interpuso en contra de un funcionario “del Gobierno anterior” que renunció al Gobierno en mayo de 2022, dos meses después de que asumió la actual Administración.

El ministerio de Vivienda, dijo Vallejo, ha enfrentado el caso Convenios a través de diferentes medidas, como mejoras institucionales, cinco denuncias y querellas y, además, el establecimiento de responsabilidades políticas y administrativas. “Nuestro Gobierno empujará todas las acciones que sean necesarias para enfrentar los hechos de corrupción en nuestro país”, aseguró la ministra portavoz del Ejecutivo.

La prensa local, sin embargo, ha informado que el funcionario aludido por Vallejo –el arquitecto Aldo Bastidas– trabaja en el ministerio de Vivienda desde el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), es decir, estuvo en su cargo por cinco administraciones, incluida la de Boric. Desde el Gobierno informan que, luego de su salida, se enteraron que, en paralelo a sus funciones, era jefe técnico de la fundación En Red Social, una de las dos investigadas en esta hebra de la trama.

La Fiscalía de Tarapacá investiga traspasos por 1.800 millones de pesos desde la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda (SEREMI) a las fundaciones En Red Social y Enlace Urbano. Ese dinero fue traspasado desde el Estado a las fundaciones en el marco del Programa de Asentamientos Precarios, es decir, para ayudar a la gente que vive en barriadas informales y pobres.