Una de las medidas que ha anunciado el alcalde Palacios es la implementación del programa Vigilantes Civiles Municipales, donde el consistorio de La Reina contratará a los propios vecinos para que resguarden las calles donde viven, coordinados con inspectores municipales y Carabineros. “Lo que nos piden es más presencia de la municipalidad, pero poco podemos hacer en materia de seguridad. Entonces, es muy importante sumar fuerzas, sumar a todos los actores vinculados directamente con la temática de la seguridad y poder de alguna manera empezar a ganarle terreno a los delincuentes”, sostuvo Palacios.

La portavoz del Gobierno de Boric, la ministra Camila Vallejo, mostró su rechazo a esta medida: “No estamos de acuerdo con que los civiles terminen asumiendo tareas de riesgo que les corresponde a nuestras policías. Por el contrario, lo que hemos querido hacer es fortalecer a las policías para enfrentar la delincuencia del crimen organizado”. Vallejo destacó la entrega de coches policiales, modernización de equipamiento, la creación de nuevas comisarías y un aumento de recursos para los agentes. “Lo que tenemos que hacer es darle mayor respaldo y herramientas a la Policía de Investigaciones (PDI), a Carabineros y ver cómo complementamos esas funciones con la seguridad privada con mejores estándares (...), pero no poner en primera línea a los vecinos en lo que son las labores de alerta”.

El alcalde Palacios planteó que a su municipio se le están empezando a acabar las herramientas para combatir la delincuencia. “Nosotros tenemos músculo para enfrentar hasta cierto nivel de delitos y de sucesos que ocurren hoy día en la ciudad y en nuestras comunas”, planteó. Hace algunos días, un habitante de La Reina le disparó a un grupo de delincuentes que había entrado a robar a una casa cerca de la suya y mató a uno de ellos, un adolescente de 15 años. La justicia decretó su arresto domiciliario total y los vecinos se manifestaron en su favor.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, un político de centroizquierda, calificó como “noviembre rojo” el último mes después de que se registraran 35 homicidios y 43 homicidios frustrados, una “escalada de homicidios” sin precedentes. Un 54 por ciento de los santiaguinos está de acuerdo con decretar estado de excepción en la región, según la encuesta Cadem.

Un puñado de diputados de partidos oficialistas y de oposición ingresaron hace un par de semanas una solicitud de resolución en el Congreso para que el Gobierno de Boric decrete estado de excepción de carácter nacional focalizado en las zonas más afectadas por la delincuencia. Además de los homicidios, en las últimas semanas se han registrado secuestros, extorsiones y un ataque con granada contra una agente de Carabineros que conmocionó al país. El diputado Raúl Soto, del Partido Por la Democracia (PPD), de la centroizquierda oficialista, sostuvo que Chile está “en medio de la crisis de seguridad más grave de la historia” del país, donde se han visto “nuevas formas delictuales mucho más violentas e importadas de otros países”.