La jueza Paulina Moya dictó la prisión preventiva al estimar que la libertad de Jadue "resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad", en línea con lo solicitado por la Fiscalía.

La defensa del alcalde, que puede recurrir la decisión ante la Corte de Apelaciones, sostiene que el caso forma parte de una persecución política. El propio Jadue indicó en la red social X: "Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada".

¿De qué se lo acusa a Jadue?

Jadue, electo en tres ocasiones en uno de los barrios más populares de la Región Metropolitana, está siendo investigado por irregularidades supuestamente cometidas por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que él mismo lideró, en la compra y venta de insumos sanitarios durante la pandemia de covid-19.

Uno de esos proveedores, la empresa Best Quality SPA, presentó una demanda por una deuda de casi un millón de dólares y acusó a Jadue de pedirle que le entregara insumos al Partido Comunista como pago por ganar la licitación, entre otros ilícitos. Desde que se conoció la imputación, el alcalde criticó que llegara en medio de un año electoral, ya que hay comicios municipales en octubre.

Jadue aseguró que "habiendo podido ser hace años o en 10 meses más ninguna de las acusaciones formuladas tienen asidero en la realidad" y subrayó que "es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa, la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia".

La Fiscalía argumentó que cuando el alcalde era candidato presidencial en 2021 "era necesario encubrir todas las acciones fraudulentas" de las farmacias populares, ya que "su trayectoria política" podía ser desvirtuada por una mala gestión.

En ese sentido, señaló, "no se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo para el patrimonio de la comuna, entendiendo que esto podría incluso configurar un peligro de reiteración".

La Achifarp aglutinó a varios municipios que se acoplaron a la iniciativa de las farmacias populares, uno de los proyectos estrella del alcalde comunista que buscaba suministrar medicamentos e insumos médicos a mejores precios que los del mercado.

El Ministerio Público, que también imputará a otras siete personas, abrió a mediados de 2022 una investigación luego de que se presentara la querella contra los líderes de Achifarp, entre ellos Jadue, quien presidía la organización.

El abogado defensor de Jadue, Ramón Sepúlveda, criticó al tribunal por "dar por acreditados hechos sin antecedentes y eso es muy grave", al tiempo que argumentó: "Creemos que con muy poco se acreditó mucho y esa es una cuestión que es preocupante". Según la Ley Orgánica de Municipalidades, Jadue deberá ceder el gobierno de Recoleta a un alcalde suplente que deberá ser elegido por el Concejo Municipal, controlado por el Partido Comunista.