El reporte añade que 597 menores de edad “se encuentran en total abandono, sin un adulto de la familia nuclear o extensa que tenga presencia en su vida y pueda generar vinculación, para lograr el egreso”. Además se señaló que al menos 559 niños y jóvenes presentan consumo de drogas.

Lo anterior, de acuerdo al reporte, “pone en antecedente la crítica situación en la que se está atendiendo a un número significativo de niños, niñas y adolescentes y de las posibles consecuencias a las que se ven expuestos, en términos físicos y emocionales, producto de la convivencia en hacinamiento”.

Las consecuencias de esta sobrepoblación son graves, ya que afirman que “habría una distorsión en el objetivo general que tienen estos centros, teniendo presente que se trata de centros llamados al cuidado y protección, esta distorsión no contribuiría favorablemente a la restitución de derechos a los niños, niñas y adolescentes derivados, cuestión observada ampliamente en estas visitas”.

Las jurisdicciones con mayor porcentaje de sobrepoblación se encuentran en Punta Arenas (50 por ciento), La Serena (79 por ciento), Iquique (80 por ciento) y Arica (83 por ciento).

El Poder Judicial en su informe observó una constante “ausencia de coordinación entre el servicio de protección y la red de salud para la atención prioritaria de los niños, niñas y adolescentes”, en particular, se percibió la “situación crítica referida a la salud mental de los residentes” .

“Muchos de los niños, niñas y adolescentes ingresados a residencias son expuestos física, psicológica y emocionalmente a una victimización y nuevos focos de vulneración, advirtiéndose la ausencia de planes de intervención”, cerró.

El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, acusó que el "compromiso de algunas carteras de Estado no ha sido suficiente" con el Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia.

"Ha habido un abandono del Servicio" de Protección, aseguró.